En España, las comunidades autónomas son sinónimo de déficit y gasto público incontrolado. A pesar de ello, ningún partido político es capaz de proponer un “referéndum” sobre nuestro modelo territorial para que los españoles pudieran votar a favor o en contra del mantenimiento del Estado de las Autonomías aunque a tal efecto hubiera que reformar la Constitución.

La solución al déficit, al endeudamiento público, al paro estructural, etc. consistiría en eliminar radicalmente el gasto público político derivado de las corruptas autonomías. Máxime, considerando que actualmente los partidos políticos están valorando sostener a largo plazo nuestro prácticamente quebrado sistema de pensiones a través de una subida de impuestos o reduciendo la cuantía de las percepciones.

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Eficiencia y transparencia en el gasto público

Pero al margen de lo anterior, la sociedad está demandando un nuevo modelo de gestión del gasto público, basado en la transparencia, la eficiencia y la “productividad”. Todo ello, en aras de conocer al detalle y partida por partida los gastos de cada una de nuestras administraciones, para lo cual no basta únicamente con las político-marketianas y ambiguas “webs de transparencia”.

En este sentido, los tres partidos denominados constitucionalistas tienen la oportunidad actualmente, vía pacto de Estado o gubernamental, de desterrar para siempre el tradicional arquetipo gerencial del gasto público, fundamentado en el despilfarro, la corrupción, las subvenciones clientelares, etc.

Más gasto público no equivale a mayores beneficios sociales

Porque cuando el gasto público ordinario aumenta, es muy difícil que posteriormente vuelva a bajar al nivel anterior. Y, en el supuesto caso que se consiga compensar una subida del gasto público ordinario, se hará a costa del sufrimiento de la clase media, que es siempre el colectivo damnificado. Además, las subidas del gasto público ordinario crean un círculo vicioso que puede potenciar la desigualdad social y no se traducen en multitud de ocasiones en beneficios sociales.

Por tanto, cualquier subida improductiva en el gasto público ordinario tiene un negativo impacto económico en la clase media, puesto que es la que sostiene el sistema por mediación del expolio fiscal al que se la ha sometido, y debido a este motivo cada vez está más empobrecida. De hecho, la clase media española actual está a años luz en términos de capacidad económica de la existente en las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado.

Al menos, estas son las conclusiones que pueden extraerse de un informe desarrollado por Eduardo Martínez Abascal, profesor del IESE.

Aumentar el gasto público es fácil, reducirlo es casi imposible

El resumen del citado estudio, argumentado en función de los datos aportados por la Intervención del Estado y centrado en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2015, es el siguiente:

-En 2007, España goza de superávit. Tanto era así, que el nivel del gasto público estaba situado por debajo del de los ingresos.

-En 2008-2009, coincidiendo con el inicio de la gran recesión, la Administración Pública redujo sus ingresos pero contradictoriamente incrementó sus gastos en la misma proporción y, del mismo modo, elevó el gasto corriente. Por ejemplo, en estos dos años se produjo un aumento de 300.000 innecesarios empleados públicos. El resultado de todo ello fue un elevado déficit, por lo que nuestro país tuvo que pedir dinero prestado. Posteriormente, estalló la crisis de la prima de riesgo, concretamente, en el año 2011 y 2012.

-Durante el periodo comprendido entre el año 2007 y 2015, el único año en el que bajó el gasto público corriente fue 2012, aunque de forma moderada.

-De 2011 a 2015 el gasto público total ha bajado considerablemente debido sobre todo a la reducción de las inversiones. En esta etapa, los ingresos crecieron y ello provocó, entre otros factores, una reducción considerable del déficit. Sin embargo, España no ha conseguido cumplir los objetivos de déficit exigidos por la UE.

-No obstante, en 2015 el nivel de gasto público corriente se situó muy por encima del existente en los años anteriores al comienzo de la crisis.

A nivel económico, el principal problema de España es gastar por encima de lo que ingresa, y el segundo problema es creer que la solución al primer problema es subir los impuestos para ingresar más.

Un artículo publicado en El Economista